RESEÑA DEL PASAJE ESCOLAR: UNA TELENOVELA CASI COMO “ALGUIEN TE MIRA”

Desde el año 2004, el precio del pasaje escolar se había mantenido en $120. Tal alza, que fue resistida principalmente por los estudiantes secundarios, se concretó finalmente, sumada a un alza desde $250 a $300 en el costo del pasaje adulto.
Han pasado solamente tres años desde el 2004 y a comienzos de este año escolar, los micreros se propusieron subir, nuevamente, el costo del pasaje escolar a $150, justificándose en que los costos que ellos tienen en su gestión no se cubren manteniendo un costo de $120 (en realidad, sus argumentos eran bien pocos y, sobre todo, poco entendibles).

En tal ocasión, la cosa ya se había cortado en una negociación (más bien, acuerdo) entre el gremio microbusero y el Gobierno, representado por las Secretarias Regionales Ministeriales directamente involucradas: Transporte y Educación. En tal ocasión se fijaron una serie de tarifas diferenciadas para la educación superior, manteniéndose el valor para los estudiantes secundarios puesto que, según la legislación vigente, no podían aumentar el costo para ellos más allá de $120.
En efecto, según las disposiciones legales vigentes (que vienen desde el Gobierno Militar) la tarifa rebajada para estudiantes no puede exceder el 40 % para los estudiantes secundarios y 50% para los estudiantes de educación superior del valor del pasaje adulto. Es decir, con la tarifa del pasaje adulto actual ($300), la tarifa para los secundarios debe mantenerse en $120 (40%), mientras que el pasaje para la educación superior puede aumentarse hasta $150. De hecho esto era uno de los pocos argumentos coherentes para el alza a $150, o sea, que estaban en su derecho, sin embargo, como antes señalamos, económicamente no había ningún argumento de peso.
De dicha reunión, la mayoría de nosotros tuvimos conocimiento solamente a través de los medios. Obviamente, no nos quedamos con los brazos cruzados, y bueno, “guagua que no llora no mama”. Por ello, inmediatamente unos pocos estudiantes (“autonomistas”) decidieron realizar, al otro día de que se tomo la decisión, una encuesta para ver cuál era la apreciación de los estudiantes ante esta alza. Desde luego, la apreciación era esperable: rechazo absoluto.
Como consecuencia de aquello, se sucedieron una serie de consejos superiores y asambleas generales para decidir qué pasos se tomarían como consecuencia de tal decisión que nos dejaba fuera de toda discusión.
Esta vez, la pelea no era contra la universidad, sino contra un ente exterior a la universidad, el gremio microbusero, “una especie de mafia italiana liderada por uno de los capo mas zorros del rubro: el no muy lucido y bastante senil José Halabi”. Por lo tanto, no quedaban muchas opciones de cómo afrontar este conflicto. Solo nos quedaba la única y mejor opción de movilizarse para hacer publico nuestro descontento ante decisiones tomadas sin siquiera escucharnos. Paralelamente, desde luego, resultaba necesario conversar y negociar el tema con los estamentos involucrados: los micreros y los Seremi de Transporte y Educación.
Fueron necesarias dos reuniones para llegar a una resolución. Sin embargo, en sus inicios, como toda negociación, las posiciones estaban rígidas y la mediación de los funcionarios de gobierno, no permitían ver una pronta resolución. A este respecto cabe señalar, que siempre los estudiantes reconocidos como “autonomistas” fuimos de la idea de que el Gobierno, representados a través de los Seremi señalados, no debían asumir una posición de simples mediadores, sino que son un estamento involucrado en la decisión que debía tomarse. Exigíamos una postura más decisoria e involucrada en el tema de parte del Gobierno, teniendo en cuenta que como consecuencia de las nefastas consecuencias sociales y de implementación del Transantiago se habían invertido cerca de $500 millones para darle una solución que hasta el día de hoy no aparece. Sin duda que la inversión de cierta cantidad de fondos para una sola región, como la metropolitana, es justificada para solucionar el grave daño que sufrieron gran parte de las familias santiaguinas, pero, también es cierto que confirma la centralización a la que nos tiene sumidos la clase política chilena, y que las mismas resoluciones y acuciosidad no se aplica cuando se trata de otras regiones, aun teniendo en cuenta, que en esas mismas fechas se había aparecido la Presidenta para firmar la ley que creaba la nueva Región de Los Ríos. Además, el servicio de microbuses corresponde al servicio de transporte público, es decir, un servicio público que por esencia corresponde al Estado garantizar a todas las personas, aun cuando estén siendo administradas por empresas privadas.
Precisamente fue uno de las circunstancias antes señaladas, como la visita de la Presidenta a la ciudad, la que obligo a los Seremi a postergar la solución del asunto para una reunión a fines de marzo, por el temor de que los estudiantes programaran alguna movilización para ese día que empañe la ceremonia del día 16 de marzo. Obviamente que las autoridades no verbalizaron tal situación, pero las circunstancias claramente lo hacían presumir, y, por el contrario prefirieron utilizar como base para postergar la decisión el hecho de que los micreros estaban divididos y no estaba clara su postura, puesto que algunos cedieron a mantener los $120 o bien a subir el valor solamente a $130, mientras que otros, como el señor Halabi se mantenían firmes en mantener su posición de $150. Fue así como se postergó la decisión para el día 27 de marzo, en plena semana mechona.
Llegado el día 27, los dirigentes estudiantiles contaban con la venia de la asamblea de estudiantes para negociar y lograr un valor que nos beneficiara, viendo con mucho pesimismo de que se mantenga en $120. Sin embargo, dicha reunión, en que se suponía que se iba a tener una propuesta clara y definitiva de parte de los empresarios del transporte, no contó con tal propuesta y, por el contrario, se llego a una solución consensuada a través de factores entregados por los propios estudiantes. En efecto, se propuso a los micreros aumentar y asegurar el numero de pases escolares, aprovechando el acuerdo entre la FEUACH y la UACH del año pasado, en virtud del cual, los estudiantes de los primeros 3 quintiles tendrían gratuidad para sacar el pase escolar, siendo solventado tal costo por la Universidad. Ciertamente, que en definitiva tal costo es asumido por los estudiantes de una forma indirecta, a través del pago del arancel y la matricula, sin embargo, ya no seria como antes para los beneficiados, puesto que antes además del arancel y la matricula debíamos pagar el costo del pase escolar, a un precio objetivamente elevado, ya que difícilmente un plastificado (el pase no es mas que eso) cuesta $3000. Con esto los micreros se aseguraban, por lo menos, el doble de los pases escolares emitidos el año anterior, razón por la cual accedieron a mantener la tarifa en $120.
De esta forma, el acuerdo firmado aseguraba una tarifa de $120 por todo el año escolar, los siete días de la semana, desde las 6:00 a las 23:00 horas, tal como lo dispone la legislación vigente (Decreto Supremo nº 20 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones). Logro que además benefició al resto de los estudiantes de Educación Superior (USS, ULA, Santo Tomas, Inacap, CFT, etc.), sin haber estado inmersos en las negociaciones. De la misma forma, las Seremi serian las encargadas de velar porque el acuerdo se cumpla. Dejándose claramente establecido que el acuerdo solamente podría cambiarse en casos justificados como alzas insostenibles del petróleo por ejemplo, y que además, cualquier modificación del valor del pasaje escolar no puede ser impuesta de forma unilateral por parte del gremio, y que por el contrario, debe ser concretada solamente con una negociación previa con los estudiantes.
Este es, a grandes rasgos, el acuerdo vigente en relación al valor del pasaje escolar, el cual tendrá vigencia durante el resto del año escolar. De esta manera, si el Gobierno (Seremis) quiere cumplir con su obligación, ante la arremetida de ciertas líneas de microbuses que pretenden impulsar un alza, debería comunicar a los estudiantes (a nosotros) que existen estas gestiones de los micreros y, además, para velar porque se cumpla con el acuerdo debe coordinar una nueva negociación entre los estudiantes y el gremio microbusero. Si se concreta un alza del tipo que han anticipado ciertas líneas, tanto el gremio microbusero como el Gobierno estarían incumpliendo con un acuerdo adoptado de buena fe y de forma consensuada. Muchas veces se dice que “los acuerdos son para cumplirlos”, en base a ello, por ejemplo, operan todas las normas jurídicas en relación a los contratos (compraventa, arrendamiento, mandato, etc.) e, incluso los Estados al adoptar Tratados Internacionales se someten a la regla de que “lo pactado obliga” (“pacta sunt servanda”), que es un principio del Derecho Internacional y casi un Principio General del Derecho, ya que a través de dicha frase se expresa la autonomía de la voluntad y sobre todo la buena fe en el cumplimiento de los acuerdos. Por lo tanto, si los micreros se amparan en que están en su derecho según la ley, tal como se explico anteriormente, esperamos a que esta vez respeten el acuerdo que ellos mimos aprobaron con su consentimiento, de lo contrario hablaría muy mal de ellos, y también del Gobierno puesto que si las Seremi no hacen nada serian cómplices de este incumplimiento y seguirían “lavándose las manos”.
Somos de la idea de una sana convivencia entre los distintos estamentos de la sociedad, y para ello es esencial que “se cumpla la palabra empeñada” y se cumplan los acuerdos tomados en libertad.

LEANDRO PAREDES
Estudiante de Derecho
Autonomista