Desde el año 2004, el precio del pasaje escolar se había mantenido en $120. Tal alza, que fue resistida principalmente por los estudiantes secundarios, se concretó finalmente, sumada a un alza desde $250 a $300 en el costo del pasaje adulto.
Han pasado solamente tres años desde el 2004 y a comienzos de este año escolar, los micreros se propusieron subir, nuevamente, el costo del pasaje escolar a $150, justificándose en que los costos que ellos tienen en su gestión no se cubren manteniendo un costo de $120 (en realidad, sus argumentos eran bien pocos y, sobre todo, poco entendibles).
En tal ocasión, la cosa ya se había cortado en una negociación (más bien, acuerdo) entre el gremio microbusero y el Gobierno, representado por las Secretarias Regionales Ministeriales directamente involucradas: Transporte y Educación. En tal ocasión se fijaron una serie de tarifas diferenciadas para la educación superior, manteniéndose el valor para los estudiantes secundarios puesto que, según la legislación vigente, no podían aumentar el costo para ellos más allá de $120.
En efecto, según las disposiciones legales vigentes (que vienen desde el Gobierno Militar) la tarifa rebajada para estudiantes no puede exceder el 40 % para los estudiantes secundarios y 50% para los estudiantes de educación superior del valor del pasaje adulto. Es decir, con la tarifa del pasaje adulto actual ($300), la tarifa para los secundarios debe mantenerse en $120 (40%), mientras que el pasaje para la educación superior puede aumentarse hasta $150. De hecho esto era uno de los pocos argumentos coherentes para el alza a $150, o sea, que estaban en su derecho, sin embargo, como antes señalamos, económicamente no había ningún argumento de peso.
De dicha reunión, la mayoría de nosotros tuvimos conocimiento solamente a través de los medios. Obviamente, no nos quedamos con los brazos cruzados, y bueno, “guagua que no llora no mama”. Por ello, inmediatamente unos pocos estudiantes (“autonomistas”) decidieron realizar, al otro día de que se tomo la decisión, una encuesta para ver cuál era la apreciación de los estudiantes ante esta alza. Desde luego, la apreciación era esperable: rechazo absoluto.
Como consecuencia de aquello, se sucedieron una serie de consejos superiores y asambleas generales para decidir qué pasos se tomarían como consecuencia de tal decisión que nos dejaba fuera de toda discusión.
Esta vez, la pelea no era contra la universidad, sino contra un ente exterior a la universidad, el gremio microbusero, “una especie de mafia italiana liderada por uno de los capo mas zorros del rubro: el no muy lucido y bastante senil José Halabi”. Por lo tanto, no quedaban muchas opciones de cómo afrontar este conflicto. Solo nos quedaba la única y mejor opción de movilizarse para hacer publico nuestro descontento ante decisiones tomadas sin siquiera escucharnos. Paralelamente, desde luego, resultaba necesario conversar y negociar el tema con los estamentos involucrados: los micreros y los Seremi de Transporte y Educación.
Fueron necesarias dos reuniones para llegar a una resolución. Sin embargo, en sus inicios, como toda negociación, las posiciones estaban rígidas y la mediación de los funcionarios de gobierno, no permitían ver una pronta resolución. A este respecto cabe señalar, que siempre los estudiantes reconocidos como “autonomistas” fuimos de la idea de que el Gobierno, representados a través de los Seremi señalados, no debían asumir una posición de simples mediadores, sino que son un estamento involucrado en la decisión que debía tomarse. Exigíamos una postura más decisoria e involucrada en el tema de parte del Gobierno, teniendo en cuenta que como consecuencia de las nefastas consecuencias sociales y de implementación del Transantiago se habían invertido cerca de $500 millones para darle una solución que hasta el día de hoy no aparece. Sin duda que la inversión de cierta cantidad de fondos para una sola región, como la metropolitana, es justificada para solucionar el grave daño que sufrieron gran parte de las familias santiaguinas, pero, también es cierto que confirma la centralización a la que nos tiene sumidos la clase política chilena, y que las mismas resoluciones y acuciosidad no se aplica cuando se trata de otras regiones, aun teniendo en cuenta, que en esas mismas fechas se había aparecido la Presidenta para firmar la ley que creaba la nueva Región de Los Ríos. Además, el servicio de microbuses corresponde al servicio de transporte público, es decir, un servicio público que por esencia corresponde al Estado garantizar a todas las personas, aun cuando estén siendo administradas por empresas privadas.
Precisamente fue uno de las circunstancias antes señaladas, como la visita de la Presidenta a la ciudad, la que obligo a los Seremi a postergar la solución del asunto para una reunión a fines de marzo, por el temor de que los estudiantes programaran alguna movilización para ese día que empañe la ceremonia del día 16 de marzo. Obviamente que las autoridades no verbalizaron tal situación, pero las circunstancias claramente lo hacían presumir, y, por el contrario prefirieron utilizar como base para postergar la decisión el hecho de que los micreros estaban divididos y no estaba clara su postura, puesto que algunos cedieron a mantener los $120 o bien a subir el valor solamente a $130, mientras que otros, como el señor Halabi se mantenían firmes en mantener su posición de $150. Fue así como se postergó la decisión para el día 27 de marzo, en plena semana mechona.
Llegado el día 27, los dirigentes estudiantiles contaban con la venia de la asamblea de estudiantes para negociar y lograr un valor que nos beneficiara, viendo con mucho pesimismo de que se mantenga en $120. Sin embargo, dicha reunión, en que se suponía que se iba a tener una propuesta clara y definitiva de parte de los empresarios del transporte, no contó con tal propuesta y, por el contrario, se llego a una solución consensuada a través de factores entregados por los propios estudiantes. En efecto, se propuso a los micreros aumentar y asegurar el numero de pases escolares, aprovechando el acuerdo entre la FEUACH y la UACH del año pasado, en virtud del cual, los estudiantes de los primeros 3 quintiles tendrían gratuidad para sacar el pase escolar, siendo solventado tal costo por la Universidad. Ciertamente, que en definitiva tal costo es asumido por los estudiantes de una forma indirecta, a través del pago del arancel y la matricula, sin embargo, ya no seria como antes para los beneficiados, puesto que antes además del arancel y la matricula debíamos pagar el costo del pase escolar, a un precio objetivamente elevado, ya que difícilmente un plastificado (el pase no es mas que eso) cuesta $3000. Con esto los micreros se aseguraban, por lo menos, el doble de los pases escolares emitidos el año anterior, razón por la cual accedieron a mantener la tarifa en $120.
De esta forma, el acuerdo firmado aseguraba una tarifa de $120 por todo el año escolar, los siete días de la semana, desde las 6:00 a las 23:00 horas, tal como lo dispone la legislación vigente (Decreto Supremo nº 20 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones). Logro que además benefició al resto de los estudiantes de Educación Superior (USS, ULA, Santo Tomas, Inacap, CFT, etc.), sin haber estado inmersos en las negociaciones. De la misma forma, las Seremi serian las encargadas de velar porque el acuerdo se cumpla. Dejándose claramente establecido que el acuerdo solamente podría cambiarse en casos justificados como alzas insostenibles del petróleo por ejemplo, y que además, cualquier modificación del valor del pasaje escolar no puede ser impuesta de forma unilateral por parte del gremio, y que por el contrario, debe ser concretada solamente con una negociación previa con los estudiantes.
Este es, a grandes rasgos, el acuerdo vigente en relación al valor del pasaje escolar, el cual tendrá vigencia durante el resto del año escolar. De esta manera, si el Gobierno (Seremis) quiere cumplir con su obligación, ante la arremetida de ciertas líneas de microbuses que pretenden impulsar un alza, debería comunicar a los estudiantes (a nosotros) que existen estas gestiones de los micreros y, además, para velar porque se cumpla con el acuerdo debe coordinar una nueva negociación entre los estudiantes y el gremio microbusero. Si se concreta un alza del tipo que han anticipado ciertas líneas, tanto el gremio microbusero como el Gobierno estarían incumpliendo con un acuerdo adoptado de buena fe y de forma consensuada. Muchas veces se dice que “los acuerdos son para cumplirlos”, en base a ello, por ejemplo, operan todas las normas jurídicas en relación a los contratos (compraventa, arrendamiento, mandato, etc.) e, incluso los Estados al adoptar Tratados Internacionales se someten a la regla de que “lo pactado obliga” (“pacta sunt servanda”), que es un principio del Derecho Internacional y casi un Principio General del Derecho, ya que a través de dicha frase se expresa la autonomía de la voluntad y sobre todo la buena fe en el cumplimiento de los acuerdos. Por lo tanto, si los micreros se amparan en que están en su derecho según la ley, tal como se explico anteriormente, esperamos a que esta vez respeten el acuerdo que ellos mimos aprobaron con su consentimiento, de lo contrario hablaría muy mal de ellos, y también del Gobierno puesto que si las Seremi no hacen nada serian cómplices de este incumplimiento y seguirían “lavándose las manos”.
Somos de la idea de una sana convivencia entre los distintos estamentos de la sociedad, y para ello es esencial que “se cumpla la palabra empeñada” y se cumplan los acuerdos tomados en libertad.
LEANDRO PAREDES
Estudiante de Derecho
Autonomista
martes, 14 de agosto de 2007
RESEÑA DEL PASAJE ESCOLAR: UNA TELENOVELA CASI COMO “ALGUIEN TE MIRA”
lunes, 6 de agosto de 2007
LA GRAN ESTAFA
TEXTO DIFUNDIDO EN REVISTA PUBLICABLE
DIRECTIVA DE ALUMNOS DE CRIMINALISTAS DEL CFT (UACH)
DECLARACION PUBLICA
A raíz de la información aparecida en un reportaje de televisión, alumnos de nuestra carrera de criminalística, nos dirigimos a las distintas entidades en las cuales, de acuerdo a la propaganda entregada por el CFT Austral, se enmarcaba nuestro futuro campo laboral.
Nos entrevistamos con distintos personajes del Ministerio Público, defensorías públicas y licitadas, presidente del colegio de abogados, presidente de la Corte de Apelaciones y autoridades de las policías civil y uniformada de Valdivia , encontrándonos con una respuesta común en todas ellas, esto es, la inexistente posibilidad laboral futura en base a las siguientes consideraciones:
a.- Estas instituciones no cuentan con el marco jurídico correspondiente para incluirnos en sus distintas plantillas.
b.- Nuestra formación académica es muy inferior a los requerimientos que hacen estas instituciones para nuestra incorporación a ellas.
c.- De acuerdo a lo que señalan esas instituciones, tampoco reunimos los requisitos de experiencia suficientes para presentarnos como peritos en un eventual juicio oral.
d.- Además de los puntos anteriores, un escollo importante para nuestra inclusión a estas instituciones es la falta de presupuesto para habilitar el aparataje que nos de entrada como criminalístas en estas reparticiones públicas.
Estos puntos se suman a las irregularidades que hemos visto se producen en nuestra casa de estudios, entendiendo que las obligaciones académicas a las que está obligado el CFT Austral carecen de la excelencia con la que, en teoría, debieran formarnos como futuros técnicos.
Por último, debemos destacar que el pago de arancel y matrícula en el CFT Austral bordea el millón de pesos al año lo que, desde luego, ha significado un enorme esfuerzo de parte de los alumnos y sus familias, esfuerzo que no encontrará ninguna clase de recompensa
jueves, 2 de agosto de 2007
LA TERCERA, EL MERCURIO, AUSTRAL DIARIOO Y OTROS MEDIOS
En una sociedad mediatizada, donde los conflictos sociales son mostrados como una historia donde aparecen pocos personajes y donde nos muestran día a día la realidad es la que ellos imponen y no otras, que bachelet esta enojada con piñera, que Evo Morales solo juega Futbol, que Chavez es un enviado de satanas, pero nos nos muestran lo excluido que somos, lo raquitico de nuestro sistema democrático, los procesos sociales de latinoamerica. Bueno no los muestran por que los medios de comunicación estan al servicios de unos pocos, de los grandes empresarios, en ese plano y navegando por la diversidad de internet hemos encontrado un analisis bastante profundo de cómo y por quiénes estan controlado los grandes medios de comunicación en Chile.
Los Dueños de la Información
Por Franco Mirador, MERCADO NEGRO
La baja rentabilidad económica de la mayoría de las empresas periodísticas revela la existencia de razones de otro orden en la concentración de la propiedad de los medios.
De nueve diarios de alcance nacional existentes en Chile, ocho están relacionados a través de su propiedad a la derecha política y económica. De siete frecuencias televisivas con base en la Región Metropolitana, dos de ellas, ambas con transmisiones hacia todo el país, concentran más de la mitad del total de la inversión publicitaria y de la audiencia televisiva.
Detrás de los actores dominantes de cada uno de los mercados de la comunicación se parapetan dominadores de otro signo, pero de una misma especie. En la lógica de la concentración, los grandes consorcios periodísticos poseen un común denominador que ha pasado a ser condición de subsistencia: fortaleza económica para asumir un negocio con una dudosa rentabilidad económica y un riesgo financiero alto. De hecho, se sostiene, y no sin razón, que la verdadera motivación de algunos por controlar determinados medios de comunicación reside en otro tipo de rentabilidad, asociada a beneficios políticos e ideológicos de largo plazo, sin retornos inmediatos.
El sistema de medios no es el mismo de hace unas décadas. Los cambios de la seudo democracia sólo consolidaron una realidad decretada con mano militar. El subsidio para los voceros y el silencio para los detractores. Cierto periodismo vestido de no vidente se sumió en el mutismo y otro con vocación de verdad debió buscar otros oficios. Eso, durante años. Tras noches de mentira, alguna prensa se empinó sobre sus propias debilidades, pero desfalleció finalmente ante las leyes del mercado. La libre empresa acaparó los titulares de la prensa escrita porque la prensa escrita debió convertirse en libre empresa. Las imagenes superaron a la palabra y adquirieron sacralizada dependencia de unos cuantos censores de moral extrema. Las mismas sanguijuelas del poder político y económico se repiten en la propiedad de palabra e imagen, de sonido y letra. Baste para graficarlo un pequeño recorrido por las actuales estructuras de propiedad y algunas breves reflexiones sobre otro tipo de comunicación.
La Prensa Escrita
Sin ningún tipo de contrapeso, la prensa escrita diaria ha sido durante largos años un consolidado duopolio, mantenido con subsidios estatales y beneplácito gubernamental. Los dos consorcios líderes son la cadena El Mercurio, de la familia Edwards, que acapara más del 60% de la inversión publicitaria en diarios y el Consorcio Periodístico de Chile S.A. (Copesa), de propiedad de los hermanos Pico Cañas hasta hace varios años, que controla más de la mitad de las ventas a público.
El Mercurio es el grupo periodístico más antiguo del país. Con más de un siglo de existencia, por su dirección han pasado cinco Agustín Edwards, algunos de los cuales fueron diputados, senadores e, incluso, precandidatos presidenciales, todos leales representantes del más extremo conservadurismo derechista. La empresa familiar edita dos periódicos de alcance nacional, El Mercurio y Las Ultimas Noticias, y el más importante vespertino de Santiago, La Segunda. Además, es propietaria de una cadena compuesta por quince diarios regionales de norte a sur del país y de Paula Comunicaciones (revistas Paula, Elle y Turistel).
Durante la década del 60, la familia Edwards se transformó en el primer y más importante grupo económico del país, con presencia en todos los sectores de la economía, participación accionaria en más de 60 firmas y un patrimonio equivalente al 20% de los capitales sociales del país. Su poder económico declinó con los años, pero su poder político e influencia siguieron inalterables. Sus contactos atraviesan toda la clase política chilena, desde la derecha más recalcitrante hasta una izquierda risueña y olvidadiza. Datos sobre los pecados del clan Edwards hay muchos y cuentas pendientes, demasiadas. La historia de los Edwards es la historia de la dominación en Chile, y sobre eso podrían, claro está, llenarse páginas y páginas.
Sin la misma tradición y prestigio en las altas esferas de la aristocracia chilena, El Mercurio encuentra su principal competencia en Copesa, sociedad creada por los hermanos Pico Cañas, ambos radicales, en la década del 50. La debacle del 82 resquebrajó la débil estructura financiera de la compañía, la que terminó siendo traspasada lentamente a un grupo económico nacido al amparo de la dictadura militar. Aunque el ingreso de nuevos inversionistas al grupo se inició en 1988, sólo en 1995 el control de Copesa adquirió una composición radicalmente distinta. Sergio De Castro, ex ministro de Hacienda y Economía de Pinochet, y Juan Carlos Latorre Díaz, ex discípulo de De Castro en las aulas de la Universidad Católica, controlaban el 50% de la empresa que edita los periódicos La Tercera y La Cuarta, la revista Que Pasa y el matutino gratuito La Hora.
Durante el 2000, la empresa adquirió su actual fisonomía. Alvaro Saieh adquirió a sus socios De Castro y Latorre su participación en la empresa y subió a casi dos tercios su propiedad accionaria. Se mantienen en la sociedad, con porcentajes minoritarios, Carlos Abumohor y Alberto Kassis. Los tres están vinculados a la colonia palestina, por su acsendencia, y a la UDI, en términos políticos.
Saieh y Abumohor lideraban un grupo económico que controla CorpBanca y antes fue dueño de AFP Provida, la que vendieron al español BBVA, y Kassis, uno de los promotores de las reuniones de militares golpistas de 1973, es dueño de Cecinas San Jorge. Copesa considera abrirse a la bolsa en el futuro.
Fenómeno aparte, los diarios de especialización en la información económica en Chile aparecieron a fines de la pasada década. Con políticas editoriales claramente alineadas en la defensa de la ideología neoliberal, Estrategia y El Diario poseen un bajo tiraje, pero acceden a un público objetivo con alto poder de decisión. Mientras que el propietario exclusivo de Estrategia es el ingeniero Víctor Manuel Ojeda, El Diario es controlado por el grupo Claro en asociación con el conglomerado inglés Pearson, dueño de Financial Times (Inglaterra) y Expansión (España). Como accionistas minoritarios participan los empresarios nacionales Andrés Navarro (presidente de la empresa de computación Sonda), José Luis del Río (dueño de Derco, Sodimac y Pesquera Friosur) y Roberto Izquierdo (ligado al sector pesquero y maderero). Los dos primeros son prominentes empresarios de la Democracia Cristiana.
De reciente aparición, El Metropolitano surgió como un medio que rompió en parte la monótona visión de las cosas, pero al poco andar su embrionario pluralismo cedió ante la ideología del dominio. Los dueños -los hermanos Alex e Isaac Hites, propietarios de la cadena de multitiendas del mismo nombre- volvieron a tomar las riendas del periódico y colocaron en su cabeza a personeros estrechamente ligados a la UDI.
La Nación es el único diario con una participación estatal, que en este caso es mayoritaria. Convertido en un periódico de tinte sensacionalista que hasta hace unos años priorizó por la información deportiva, el control gobiernista es riguroso y durante la última campaña presidencial se transformó en una trinchera de combate que rayó en lo panfletario. Su subsistencia económica es asegurada única y exclusivamente por el Diario Oficial, que depende de La Nación y tiene la ventaja de ser el monopolio de la información judicial y legal que debe hacerse pública.
Radio y Televisión
La participación del sector privado en la televisión fue permitida en las postrimerías del régimen militar. Su gravitación en el sistema de comunicaciones creció exponencialmente durante los últimos veinte años, siendo el principal artículo de consumo de la población. Su importancia económica radica en ser el principal destinatario de la inversión publicitaria, desplazando el liderazgo que hasta 1982 ostentaba la prensa escrita. En el país existen 9 frecuencias en la banda UHF. Siete son captadas en toda la Región Metropolitana, la que contiene más del 40% de la población en el país.
La antigua estación televisiva Rock and Pop (Canal 2) pertenece a la Compañía Chilena de Comunicaciones, ex dueña de las radioemisoras Rock and Pop y Corazón, y actual dueña de Radio Cooperativa, todas líderes de audiencia en sus respectivos segmentos. El grupo está relacionado a inversionistas de la Democracia Cristiana.
El canal 4 es controlado por los mismos inversionistas de Copesa, los que manejan la firma desde 1991. Tras problemas financieros y una licitación que intentó resolver deudas con acreedores, De Castro, Latorre, Saieh y los demás volvieron a adjudicarse la propiedad en 1996. En el proceso debieron competir con el senador RN Sebastián Piñera, quien antes había manifestado interés por participar en el negocio televisivo, a todas luces el más rentable, política y económicamente, de las inversiones comunicacionales. Piñera es accionista en Lan Chile y Bancard y preside la Editorial Los Andes.
Dos estaciones son controladas por la Iglesia Católica, a través de la Universidad Católica de Chile (Canal 13) y la Universidad Católica de Valparaíso (Canal 5). Su línea editorial sigue los dictámenes del poder eclesial chileno y su conservadora cúpula de sotana, sobre todo en la estación capitalina.
En 1994, la Universidad de Chile, aquejada por falta de capital, liquidez y por problemas de gestión, vendió el 100% de Chilevisión (Canal 11) al grupo venezolano Cisneros, dueño de numerosas empresas del rubro en el continente.
El grupo liderado por el empresario Opus Dei Ricardo Claro es el principal accionista de Megavisión (Canal 9,) el primer y más importante canal privado del país. La estación mexicana Televisa tiene el 49% de la sociedad y CIECSA el restante 51%. A través de esta última firma, Claro maneja sus inversiones en el sector de las comunicaciones. Estrecho colaborador del régimen en los inicios de la Dictadura, el abogado Ricardo Claro Valdés es un empresario en extremo conservador que intenta, a través de una descarada injerencia en sus propios medios de comunicación, dictar pautas sobre moral y buenas costumbres. Su poder es ampliamente reconocido en el medio empresarial. Preside numerosas compañías, entre las que destacan Cristalerías de Chile (vidrios), Elecmetal (metalúrgica), Santa Rita (vitivinícola) y Compañía Sud Americana de Vapores (naviera). Además, Claro es dueño de Editorial Zig Zag, El Diario, Megavisión y Metrópolis Intercom. Esta última sociedad se divide el mercado de la televisión privada con VTR, compañía controlada por el grupo estadounidense United Global Com.
Con el cambio de administración en el país, se decidió transformar el esquema jurídico de Televisión Nacional de Chile (Canal 7), dotándolo de autonomía de los gobiernos de turno en lo económico y lo editorial. Su directorio es elegido por el Presidente de la República y ratificado por el Senado, convirtiendo a este canal en una oficina de relaciones públicas de la clase política oficial, sus acuerdos, consensos y silencios.
El cambio de voz
La nueva estructura del sistema de comunicaciones en Chile está construida sobre esa panacea llamada mercado y con la participación mayoritaria de cierto sector privado gobernado por la cruz y el dinero. Los medios ya no están asociados orgánicamente a partidos y directrices rígidas como ocurría hace unas décadas. Ello, sin embargo, ya no se requiere para la dominación.
En rigor, la dominación en este ámbito es practicada de un modo más sutil. Pocos creen en la ortodoxia de los medios omnipotentes, que determinan el pensamiento de la gente a través de una propaganda subliminal e hipnótica. Pero tampoco es menos cierto que los medios determinan pautas de acción y pensamiento, dirigiendo la conversación de sobremesa y el comentario de pasillo. No dicen tanto qué es lo que hay que pensar como sobre qué pensar. También es cierto que las pautas del consumo cultural se construyeron a la par de una nueva sociedad y un nuevo sujeto, consumista e individualista, y sólo la modificación de esa sociedad y ese sujeto puede modificar las pautas de dicho consumo cultural.
Los informadores crean opinión, pero también transfieren una realidad creada por otros sin mayores cuestionamientos. Las críticas aquí se encuadran en los límites de lo permitido. El velo de la objetividad oculta un status quo aceptado y consensuado entre políticos y para políticos. La información es procesada por agentes profesionales y los medios se transforman en coladores de una realidad que oculta las minucias de la vida cotidiana. Lo importante se estipula en función de quien dice lo que se dice, y quien habla no es más que quien tiene el poder de hablar.
En la lógica de un medio de comunicación masivo, el diálogo es imposible. Unos pocos hablan para los muchos. Una realidad difícil de derrotar con las mismas armas, si se considera que un periódico de alcance nacional requiere una inversión mínima de US$ 15 millones y el patrimonio de una estación televisiva supera fácilmente la centena.
Los medios de información descritos están gobernados, por lo general, mediante operaciones complejas y onerosas dirigidas por intereses económicos con claras motivaciones políticas. Empresarios que diversifican su acción hacia variables ideológicas que les permiten, sin embargo, conservar sus riquezas económicas vía mantención y perfeccionamiento -a su arbitrio- del modelo.
Cuando en la década del 80 surgieron, como respuesta y necesidad, numerosos medios de comunicación alternativos, dirigidos por y para la gente común, el poder temió aquella red popular en formación y la institucionalizó. Desaparecieron las radios populares, las revistas sectoriales y los videos caseros. Pobladores hablando para pobladores, estudiantes para estudiantes y trabajadores para trabajadores, todos periodistas de la vida diaria.
La comunicación alternativa es peligrosa para el sistema porque permite a los hombres dialogar y convertirse en sujetos colectivos y activos. No en masas informes, sino en espíritu común. La comunicación popular, entendida como conversación e intercambio, constituye otra forma de autonomía y de herramienta de lucha política. No como órgano de partido, sino como expresión de pueblo dialogando consigo mismo. Sólo con el diálogo, aquí, abajo, podremos concertar la muerte de los que se permiten hablar por nosotros, allá, arriba, dónde están los que gobiernan la información.
miércoles, 1 de agosto de 2007
Los Señores Feudales no Contestan las Encuestas
Navegando por internet o mejor dicho nos metimos en una página que esta de pelos, encontramos un articulo del Economista chileno Marcel Claude, quien hace un descarnado, pero lucido analisis de los resultados que arrojo la encuesta CASEN (encuesta de caracterización socioeconómica), este instrumento de planificación viene en resumidas cuentas a mostrarnos como estamos los chilenos, ASI QUE TOMEMOS NOTA Y AFIRMEMONOS POR QUE LO QUE SALE EN ESA ENCUESTA ES UN MILAGRO
Una de las cosas que más llama la atención de los resultados de la Encuesta Casen recientemente publicada, es el ingreso que se le asigna a los sectores más ricos del país. Es curioso sino absurdo y enojoso a la vez que para ser admitido en el selecto grupo del 10% más rico del país sea suficiente con disponer mensualmente de 395 mil pesos. Muchos trabajadores contratistas de Codelco que hoy exigen mejoras salariales con su ya larga huelga, serían parte de los más ricos de Chile. Es más, la Casen 2006 nos informa que, en promedio, un exponente de los más privilegiados dispone mensualmente de unos 890 mil pesos.
Y respecto a la pobreza se nos dice que las nanas de Chile, esas mujeres que deben emplearse como domésticas –una tarea siempre asociada a los sectores más pobres y marginales del país- no es pobre pues su ingreso mensual supera los 47 mil pesos. Es más, ellas se encontrarían, según la información de la Casen, dentro del 30% más rico de Chile. Peor aún, si le agregamos al sueldo de las nanas, la comida, el agua, la luz, la calefacción y el alojamiento de que disponen por hacer su trabajo puertas adentro, estarían holgadamente ubicadas en el 20% más rico.
Estos resultados no resisten el menor análisis y no pueden ni deben tomarse en serio, casi parecen un chacota instrumental que sólo algún iluso –que los hay- podría considerar adecuada para interpretar la realidad social del país. Es muy difícil imaginar a don Anacleto Angelini viviendo con 900 mil pesos mensuales. Para dimensionar lo absurdo de los datos hagamos el siguiente cálculo: Angelini dispone de una fortuna superior a los 4 mil millones de dólares según la revista Forbes que publica el ranking de multimillonarios del mundo; si calculamos una rentabilidad anual promedio del 20% sobre su capital que no guarda debajo del colchón sino que lo invierte muy rentablemente, llegamos a una ganancia anual de 800 millones de dólares que se traducen en unos mil doscientos millones de pesos diarios, es decir, unos 35 mil millones de pesos mensuales que son algo más que los 890 mil pesos que, en promedio, dice la Casen gana un hombre rico en Chile. Y ojo que don Anacleto, en algunas de sus inversiones, como por ejemplo las plantas de celulosa que pudren la vida de los pueblos y ciudades de Chile, él obtiene más de un 70% de rentabilidad. De allí que nuestra estimación es una aproximación menor de sus reales ganancias.
Pero eso no es todo, puesto que según la Casen, el hombre más rico de Chile dispone mensualmente de unos 32 millones de pesos. Esto quiere decir que el encuestado más rico dijo percibir ese nivel de ingreso por mes. En consecuencia y tal como lo he repetido incansablemente, los señores feudales no contestan las encuestas, dado que, sólo Angelini gana mensualmente un ingreso más de mil veces mayor al que, según la Casen, gana mensualmente el hombre más rico de Chile.
Por lo tanto, estamos ante una evidente y grosera subestimación del ingreso de los privilegiados. Según la Casen, la suma del ingreso disponible de los chilenos ascendería a unos 61 mil millones de dólares para el 2006, mientras que, según el Banco Central el ingreso nacional disponible descontando un 20% por impuestos y depreciación, ascendería para el mismo año a unos 104 mil millones de dólares. Esto significa -como ya se ha dicho- una subestimación del 41%. Ahora bien, como ese ingreso casi exclusivamente pertenece al sector más rico que no contesta las encuestas, entonces, la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre es muy superior a lo que informa la Casen y, obviamente, esto implica necesariamente que la desigualdad viene creciendo y no disminuyendo como ha voceado el Gobierno.
Esto es lo consistente con la enorme acumulación de riqueza que tuvo lugar durante el gobierno de Ricardo Lagos, gracias a los tratados de libre comercio -entre otras cosas- que permitió un importante crecimiento de las ventas de las mega y grandes empresas que pertenecen a los grupos económicos. Esto es lo que indujo al jefe de los empresarios, el entonces Hernán Somerville, acuñar la frase “mis empresarios aman a Lagos” y ellos tenían toda la razón.
Marcel Claude, Economista.
